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El Convenio de Acondicionamiento de Grano, un acto de responsabilidad que asegura la sostenibilidad del sector de cereales adaptándolo al cambio climático

16-05-2018 Cooperativas Agro-alimentarias

ANOVE–GESLIVE, ASAJA, Cooperativas Agro–alimentarias de España y UPA organizaron un encuentro, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el que se presentaron los objetivos de este convenio. Entre ellos, destacan la mejora del conocimiento sobre las ventajas que aportan las nuevas variedades vegetales, la promoción del uso de la semilla certificada, la mejora del conocimiento de la normativa vigente sobre el reempleo del grano para la siembra y el hecho de facilitar la información al pequeño agricultor para aclarar cuando puede acogerse a la exención del pago.

ANOVE – GESLIVE y las organizaciones ASAJA, Cooperativas Agro – Alimentarias de España y UPA organizaron un segundo encuentro en el que se presentó el Convenio de Acondicionamiento de Grano cuyo objetivo es aportar transparencia, mayor calidad y rendimiento de los granos al sector de cereales. Este encuentro, celebrado en Toledo, tuvo la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El encargado de presentar el convenio fue Antonio Catón, director de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agro-alimentarias de España. Este convenio simplifica la gestión al establecer una contribución única, 12 euros por tonelada, para todas las variedades protegidas, modulándola en función de los rendimientos medios de cada comarca y facilitando a su vez la declaración de datos.

Catón recalcó que "para obtener una variedad se necesita un mínimo 10 años de desarrollo y un millón de euros de inversión. Gracias a esta tecnología, hoy tenemos rendimientos mucho mayores que hace décadas". El director de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agro-alimentarias de España destacó que uno de los objetivos del convenio es incrementar el uso de semilla certificada, cuyo uso ha pasado de un 18% a un 32% en los últimos años, y cuyas ventajas son el ahorro en costes (menores dosis de siembra, menor tiempo en la preparación de la semilla), mayores rendimientos (asegura la producción y mejora la cosecha, haciendo los cultivos más resistentes a estreses abióticos y bióticos), mayor calidad (garantizada mediante controles oficiales) y una apuesta decidida por la inversión en I+D , por parte del sector productor, para la creación de nuevas variedades.

Durante la presentación del convenio, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, aplaudió esta iniciativa, que va a facilitar el cumplimiento de la ley por parte de los agricultores, destacando a su vez que la semilla debe ser considerada un medio de producción más para el agricultor profesional. "Cuanto más cumplidores seamos, mayor será el apoyo a la agricultura profesional", afirmó. El consejero aprovechó la ocasión para hacer partícipes a los presentes de la importancia de trasladar a la sociedad la importancia de temas como la agricultura, la política agraria común y la seguridad alimentaria.

Más motivos por los que apoyar esta iniciativa
Durante la presentación se desarrolló un debate moderado por Miguel Ángel Mainar, periodista especializado en agricultura y alimentación, en el que participaron representantes de las organizaciones firmantes del convenio y la administración. Representando a este último eslabón, la directora general de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Cruz Ponce, destacó como claves, dentro del convenio, la simplificación de los precios, el nuevo reconocimiento del pequeño agricultor y sus exenciones y la cuestión del destino de fondos del convenio para I+D. "Hay que tener muy en cuenta el cambio climático, que ha venido para quedarse. Muchas variedades van a dejar de ser efectivas a causa de incremento de temperaturas, la reducción de la pluviometría... La semilla certificada hace frente a esas consecuencias a través de la innovación", afirmó. Por otro lado, Cruz Ponce destacó que el hecho de llegar a acuerdos es un signo de inteligencia: "Para la Consejería es una buenísima noticia. Que todos sean capaces de renunciar a determinadas cuestiones para conseguir un fin común, es un motivo de alegría", poniendo además de relieve el hecho que Castilla-La Mancha es la tercera productora de semillas de España.

Elena Saénz, directora general de ANOVE, declaró que el convenio es fruto de muchos años de conversaciones y de acuerdos: "Nosotros, como industria, tenemos cierto compromiso con la sociedad y contribuimos como primer eslabón de la cadena alimentaria. ¿Cómo podemos asegurar nuestra existencia cuando el nivel de certificación cae a niveles del 15%?". Sáenz reconoció que la implementación de la actual normativa es complicada y que hay que tratar de buscar una simplificación de su desarrollo. "Es cierto que el sistema de declaración de grano acondicionado era complejo y había que simplificarlo. El actual convenio ofrece diversas vías para facilitar ese uso. Además, parte de los fondos que deberían revertir a los obtentores va dirigido a apoyar las variedades locales. Solo a través de la innovación haremos un campo rentable".

Por su parte Juan Carlos Bermejo, presidente de Cereales de Cooperativas Agro-alimentarias de España, incidió en que es el momento de cumplir la normativa comunitaria y de normalizar nuestra relación con los obtentores: "Hay que ponerse en su lugar, estas relaciones tienen que modernizarse. Si no hay buenas relaciones y no hay buenas semillas, estamos perdidos". Bermejo alertó de que están llegando partidas de grano acondicionado con enfermedades que teníamos enfermedades ya olvidadas, como el tizón. "Esto no es profesionalidad".

Por parte de los agricultores José María Fresneda, secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha, afirmó que su organización firma el convenio por pura responsabilidad. "Esto es un acto de madurez que nos lo agradecerá la sociedad en el futuro. ¿Servirá para evitar las discrepancias? Aquí no hay discrepancias. Lo que tenemos que intentar es mejorar, dentro del marco de la legalidad, las condiciones de los acuerdos".

Por último Miguel Esponera, secretario general UPA Cuenca, lamentó el desconocimiento, por parte de los agricultores, de las obligaciones que conlleva el actual canon: "Necesitamos buen material, así tendremos buena cosecha. Hemos firmado el convenio para facilitar las cosas a los agricultores, haciendo más sencillo el pago del canon y para que, de este modo, el agricultor cumpla legalmente con sus obligaciones".

Convenio pacificador
En España, a pesar de la normativa, solo el 32% de la semilla que se emplea es certificada. El 50% aproximadamente procede de mercados clandestinos. El resto es semilla reacondicionada por el agricultor en virtud del denominado “privilegio del agricultor” o “excepción del agricultor”, que permite a este emplear para siembra en su explotación granos obtenidos en una cosecha anterior (solo en ciertas especies).

En este caso, si el grano proviene de variedades protegidas por derechos industriales, el productor debe informar al obtentor de la variedad y remunerar a este mediante un canon que puede ser objeto de acuerdo.

La realidad es que estas obligaciones no se cumplen en muchas ocasiones y que agricultores y obtentores han estado enfrentados por ello hasta el punto de que muchos conflictos han terminado en los tribunales, una situación con la que ambas partes están deseosas de acabar, según se puso de manifiesto en la jornada. Así nace el denominado Convenio marco sobre reempleo de granos para siembra.

El convenio es necesario porque a pesar de tener una normativa comunitaria y española al respecto desde hace más de 20 años, existe mucha desinformación en el sector.
El convenio concreta la definición de la exención de los pequeños agricultores en el reempleo de semillas, simplifica la gestión al establecer una contribución única para todas las variedades protegidas, modula la contribución en función de los rendimientos medios comarcales y facilita la declaración de datos.

Todos los firmantes, que representan de forma mayoritaria al sector, están de acuerdo en que el documento es la forma de acabar con el conflicto, ayudar al agricultor a ser más productivo y eficaz y apostar por el desarrollo de la agricultura. También mostraron su confianza en que con una buena explicación de sus ventajas será posible incorporar al mismo a la parte del sector que todavía no lo ha hecho.