Company InformationCooperativas Agro-alimentarias defiende hoy en el Congreso la desaparición de los cobros de 60 a 90 días en la reforma de la Ley de Morosidad
09-03-2010 Cooperativas Agro-alimentarias
El director de Cooperativas Agro-alimentarias, Eduardo Baamonde, ha participado hoy ante la Mesa de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, con el fin de presentar las propuestas de esta organización de cara a la modificación de la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que esta Comisión está tramitando.
Baamonde ha explicado que la actual Ley 3/2004 para luchar contra la morosidad no ha conseguido sus objetivos, por lo que Cooperativas Agro-alimentarias es partidaria de una profunda modificación que evite la situación que se está produciendo hoy en día. "Es habitual, y así lo constata el Banco de España, que las grandes cadenas juegan con una demora en el pago comprendida entre los 80 y 90 días, cuando la Ley establece un máximo para los productos perecederos de 30 días y de 60 para los demás. En la UE la media para el sector agroalimentario es de 28 a 32 días", ha dicho.
Esta situación se produce porque la actual Ley establece como caso excepcional retrasar los pagos de 60 a 90 días, siempre y cuando se establezcan las debidas compensaciones, pero en la práctica esta excepción se ha convertido en lo habitual y sin ningún tipo de compensación. Baamonde ha llamado la atención ante la Comisión sobre el hecho de que la agricultura y la ganadería son actividades que requieren meses, incluso años, para obtener un rendimiento económico, precisando el adelanto de una ingente cantidad de fondos y recursos antes de obtener los ingresos por la venta de las cosechas o las producciones ganaderas.
Cooperativas Agro-alimentarias ha propuesto, como medida principal, la desaparición de la excepcionalidad que permite ampliar la fecha de cobro de 60 a 90 días. "Es necesario y urgente suprimir de la Ley esta excepcionalidad que se ha convertido en práctica generalizada. Según nuestro cálculos, ello supondría la recuperación de unos 8.000 millones de euros", ha recalcado Baamonde. Además, se han propuesto otras medidas como la necesidad de contar con un sistema eficaz de control y seguimiento del cumplimiento de la Ley, o la necesidad de articular un procedimiento efectivo de defensa ante los Tribunales, entre otras.
Hoy también han comparecido ante la Comisión del Congreso representantes de otras organizaciones del sector agroalimentario como FIAB o la Federación Catalana de Industrias de la Carne, representantes de la Distribución y de otros sectores económicos.
Baamonde ha explicado que la actual Ley 3/2004 para luchar contra la morosidad no ha conseguido sus objetivos, por lo que Cooperativas Agro-alimentarias es partidaria de una profunda modificación que evite la situación que se está produciendo hoy en día. "Es habitual, y así lo constata el Banco de España, que las grandes cadenas juegan con una demora en el pago comprendida entre los 80 y 90 días, cuando la Ley establece un máximo para los productos perecederos de 30 días y de 60 para los demás. En la UE la media para el sector agroalimentario es de 28 a 32 días", ha dicho.
Esta situación se produce porque la actual Ley establece como caso excepcional retrasar los pagos de 60 a 90 días, siempre y cuando se establezcan las debidas compensaciones, pero en la práctica esta excepción se ha convertido en lo habitual y sin ningún tipo de compensación. Baamonde ha llamado la atención ante la Comisión sobre el hecho de que la agricultura y la ganadería son actividades que requieren meses, incluso años, para obtener un rendimiento económico, precisando el adelanto de una ingente cantidad de fondos y recursos antes de obtener los ingresos por la venta de las cosechas o las producciones ganaderas.
Cooperativas Agro-alimentarias ha propuesto, como medida principal, la desaparición de la excepcionalidad que permite ampliar la fecha de cobro de 60 a 90 días. "Es necesario y urgente suprimir de la Ley esta excepcionalidad que se ha convertido en práctica generalizada. Según nuestro cálculos, ello supondría la recuperación de unos 8.000 millones de euros", ha recalcado Baamonde. Además, se han propuesto otras medidas como la necesidad de contar con un sistema eficaz de control y seguimiento del cumplimiento de la Ley, o la necesidad de articular un procedimiento efectivo de defensa ante los Tribunales, entre otras.
Hoy también han comparecido ante la Comisión del Congreso representantes de otras organizaciones del sector agroalimentario como FIAB o la Federación Catalana de Industrias de la Carne, representantes de la Distribución y de otros sectores económicos.