Reportajes

Razones por las que apoyar el CETA

09-02-2017 Cooperativas Agro-alimentarias

Por Juan Corbalán, oficina de Cooperativas Agro-alimentarias de España en Bruselas.

Cooperativas Agro-alimentarias ha trabajado estrechamente con las instituciones comunitarias las condiciones de este acuerdo, siguiendo su evolución y trasladando en todo momento nuestras propuestas. Desde nuestra Organización consideramos que, como todo acuerdo, no recoge plenamente nuestras demandas, pero globalmente es un buen acuerdo que mejorará las relaciones políticas y comerciales de ambos lados del Atlántico, y especialmente las de un sector tan estratégico como el agroalimentario.

El pasado 24 de enero la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo aprobó la ratificación del Acuerdo Comercial entre la UE y Canadá (CETA en sus siglas en inglés). El siguiente paso para su ratificación final es el voto en el Plenario del Parlamento Europeo el próximo 15 de febrero. Si los europarlamentarios votan a favor por mayoría cualificada, el acuerdo entrará en vigor de forma provisional hasta que los Estados miembros de la UE lo ratifiquen en sus parlamentos nacionales. Al ser un acuerdo “mixto”, su entrada en vigor total debe ratificarse por el Consejo y el Parlamento Europeo y por cada uno de los Estados miembro, puesto que el acuerdo afecta a partes que no son competencia de la UE, aunque solo es una pequeña parte de lo que se ha negociado.

Cooperativas Agro-alimentarias de España que representa los intereses de las cooperativas, ha trabajado estrechamente con las instituciones comunitarias las condiciones de este acuerdo siguiendo su evolución y trasladando en todo momento sus propuestas. Desde nuestra Organización consideramos que, como todo acuerdo, no recoge plenamente nuestras demandas, pero globalmente es un buen acuerdo que mejorará las relaciones políticas y comerciales de ambos lados del Atlántico y especialmente las de un sector tan estratégico como el agroalimentario. Veamos por qué.

- Más de 6 años de negociación
Las negociaciones se iniciaron en 2009 con el preceptivo Mandato del Consejo de la UE, donde están representados todos los Estados miembros (EM) de la UE que dieron su visto bueno. Después de 6 años de negociación, en septiembre de 2014 Canadá y la Comisión Europea, representante de los EM en la negociación, dieron por finalizadas las negociaciones con éxito. A partir de ahí se procedió a la revisión jurídica del texto y se inició el proceso de ratificación. En todo este tiempo los EM han podido trasladar su opinión y trabajar en aquellos aspectos más espinosos. Cooperativas Agro-alimentarias ha trasladado en todo momento su opinión respecto a las negociaciones, tanto a las instituciones comunitarias, Comisión Europea, DGAGRI y DGTRADE en concreto, como a la Administración española. En este tipo de negociaciones se tiene mayor influencia cuanto antes se traslade la opinión a las partes negociadoras, y no cuando el proceso ya se ha cerrado.

- Acuerdo democrático
La política comercial de la UE es una de las pocas políticas que son competencia de la UE. El Consejo de la UE está formado por los Ministros del ramo que, a su vez, representan a los gobiernos elegidos democráticamente en sus países. El Parlamento Europeo, que tiene la última palabra a la hora de ratificar el acuerdo, es la institución comunitaria elegida por sufragio universal directo por los europeos cada 5 años. Por tanto, decir que la ratificación por ambas instituciones no es democrática es una opinión poco informada o que busca un objetivo diferente a la idoneidad o no del acuerdo. Lo que es muy dudoso desde el punto de vista democrático es que una región como Valonia, Bélgica, con 4 millones de habitantes haya podido bloquear un acuerdo comercial que afecta a 500 millones de habitantes, es decir el 0,8% de la población de la UE. Tampoco es muy coherente que esta región no haya trasladado su posición durante los 6 años de negociación. Una medida que afecta a toda la UE debe ser acordada y ratificada a través de las instituciones comunitarias, para eso se elige un Parlamento Europeo por sufragio universal, y los Estados miembros son representados en el Consejo. La UE no ha dado una imagen de coherencia y rigor al mundo, y su credibilidad como aliado y socio comercial se ha visto empañada.


- Transparencia
Quienes siguen desde hace años la evolución de las negociaciones en los acuerdos comerciales entre la UE y los países terceros afirman que el CETA ha sido el acuerdo más transparente que se ha llevado a cabo. En todo momento se ha tenido acceso a la evolución de las negociaciones y las instituciones comunitarias han trasladado su opinión en cada capítulo y ronda negociadora. Lo que no es posible es acceder a documentos confidenciales de la otra parte. Se trata de una negociación, debe haber cierta confidencialidad y margen de maniobra de los negociadores, puesto que ya cuentan con un mandato representativo que les limita su margen. Sorprende que se acuse al CETA de falta transparencia y de pasar desapercibido cuando la UE ha negociado acuerdos que han sido perjudiciales para ciertos sectores y con países de dudosa reputación democrática, y no se han oído en estos acuerdos a ninguno de los que ahora atacan al CETA.

- Beneficios
El acuerdo CETA beneficia a la economía europea y por ende a la española de forma global. Se reducen los derechos de aduanas y las restricciones del acceso de contratos públicos (muy importante para empresas europeas y españolas), se ofrece protección de las innovaciones, se incrementa la cooperación normativa y se abre el comercio de servicios. En cuanto al sector agrario, España es una potencia agroalimentaria en la UE y en el mundo, es el primer productor de aceite de oliva y aceituna de mesa del mundo, primer productor de carne de la UE, segundo de frutas y hortalizas y primer exportador mundial, tiene la mayor superficie vitícola mundial y está entre los tres mayores productores de vino, por citar algunos ejemplos. Canadá es un país de algo más de 35 millones de habitantes, con uno de los poderes adquisitivos más altos del mundo y donde los productos españoles tienen un gran potencial de exportación. Según cálculos de la UE por cada 1.000 millones de euros de exportación se crean 14.000 puestos de trabajo. España es un exportador neto de muchos productos y el acceso a nuevos mercados es crucial para generar empleo en nuestro país, permitir el crecimiento económico del sector ante un mercado ya maduro como el europeo, y aumentar la renta de nuestros productores procedentes del mercado.

En concreto, en un primer tramo se eliminan el 90,1% de los aranceles en el sector agrario estableciendo cupos para productos sensibles de la UE como la leche, la carne de porcino, el vacuno, la carne de pollo o los huevos, y se liberalizan los productos ofensivos para la UE con especial interés para España como el vino, las frutas y hortalizas y el aceite de oliva. Además, se establece la llamada “entidad única” que el sector ha reclamado, que consiste en extender las mismas condiciones de exportación que benefician a un país de la UE al resto de Estado miembros. Es cierto que solamente para el sector ganadero y no para los productos vegetales, cuestión en la que se sigue trabajando con las autoridades de Canadá.

- Armonización normativa
Se ha opinado mucho sobre la armonización de normativas en muchos sectores en ambos países provocando que la UE importe los estándares de vida y productivos de Canadá. Canadá es, según el Better Life Index de 2016, el 5º país del mundo donde mejor vive su población, con una tasa de paro del 6,9%, una renta per cápita muy por encima de la media de la OCDE, con la sanidad y la educación gratuitas y de la más alta calidad mundial. No estaría mal que la UE pudiese importar algunas normativas para asegurar una educación y una sanidad de calidad, así como su nivel económico y educativo para muchos de los países de la UE.

En el caso del sector agrario, desde sectores clave para la economía española como el vino, el aceite de oliva y las frutas y hortalizas todavía hay barreras no arancelarias que impiden la correcta exportación de estos productos a Canadá. No obstante, las diferencias entre legislaciones, especialmente en cuestiones fitosanitarias, impide nuestras exportaciones. Por ejemplo, hay pesticidas que en la UE están autorizados para el aceite de de oliva y las frutas y hortalizas y no en Canadá, por la sencilla razón de que no produce, no porque sea perjudicial sino porque no se han desarrollado los estudios pertinentes, aunque dichos productos estén autorizados por la Organización de la FAO y la Organización Mundial de la Salud para la seguridad alimentaria, Codex Alimentarius. Desde la UE se busca esta armonización que permita reconocer las sustancias fitosanitarias autorizadas en la UE en Canadá y así fomentar nuestras exportaciones. Se trata de que en un mercado los productos compitan en igualdad de condiciones y se respeten las opciones y modelos productivos que cada parte se ha impuesto.

- Indicaciones geográficas
Este ha sido uno de los mayores éxitos del CETA. Por primera vez en un acuerdo comercial un país tercero reconoce y protege abiertamente a las indicaciones geográficas de productos alimentarios en su territorio. El acuerdo establece una lista de 145 indicaciones geográficas europeas (como el queso manchego, jamón de Huelva o el turrón de Alicante, por citar solo algunos) que estarán protegidas en suelo canadiense. Ningún operador podrá vender un producto etiquetado con estos nombres en Canadá si no están producidos en la UE. Este hito es histórico debido a que Canadá, un país con mentalidad anglosajona en la política de protección de marcas, ha aceptado la política europea de indicaciones geográficas. Además, ningún otro país donde estas indicaciones no estén protegidas podrá vender producto con nombre de las mismas (caso de EEUU no podrá vender queso que se llame manchego en Canadá o exportar más champán californiano bajo esa denominación). Esta lista ha sido elaborada a partir de las peticiones de los países en base al potencial exportador de cada producto. La UE tiene unas 1.700 DOP, IG e ETGs protegidas, pero sólo una minina parte de ellas tienen una clara vocación exportadora a los países terceros, la mayoría se comercializa en su territorio o país, o como mucho en el país vecino. Además, el CETA establece una cláusula para incorporar nuevas indicaciones en función del potencial e interés exportador de las mismas. Se ha mencionado mucho el asunto de la marca que se comercializa en Canadá “Orange Valencia”, pero esta marca no es una indicación geográfica de la UE, por tanto, no puede ser protegida más allá de la vía de la protección de las marcas. Sí lo está la IGP Cítricos Valencianos, que a partir de que el CETA entre en vigor tendrá un enorme potencial exportador. Está claro que siempre sería positivo haber incorporado más, como la DOP Kaki Ribera del Xúquer, con gran capacidad y potencial de exportación en este país, en cuya incorporación estamos trabajando con las diversas administraciones.

- Seguridad alimentaria
Los acuerdos comerciales no pueden modificar el modelo europeo de seguridad alimentaria. El CETA no provocará que se importen productos OGMs o carne con hormonas, por ejemplo, el Consejo y el Parlamento Europeo lo han dejado claro y el texto no lo establece. Tampoco debilita las normas medioambientales. Al contrario, Canadá es uno de los países, según la OCDE, con mayor sostenibilidad ambiental y socio de la UE en los foros internacionales donde se debate el fomento de las políticas de apoyo al medioambiente. En estos asuntos las organizaciones que conocemos las instituciones comunitarias sabemos que en los acuerdos comerciales no se debilitan los estándares de calidad ni sostenibilidad de la UE. Que la Comisión Europea haga algunas propuestas que puedan considerarse perjudiciales se hacen al margen de los acuerdos firmados, por eso hay que estar muy atentos a las mismas. Por ejemplo, actualmente la Comisión Europea propone debilitar los controles de sanidad vegetal de los cítricos importados con destino a industria, lo que implica una relajación de los controles y un mayor riesgo de entrada de plagas o enfermedades en la UE que afectarían a este importante sector, como ha pasado con la bacteria Xylella fastidosa. Igualmente ocurrió cuando la Comisión propuso permitir el uso de productos clorados en la desinfección de las importaciones de carne de pollo y el Consejo de la UE lo rechazó.

En cuestiones más generales que no afectan de lleno al sector agroalimentario, es necesario hacer alguna aclaración. Respecto a la controvertida cuestión del Tribunal de arbitraje de protección de inversiones, es necesario saber que esta figura o instrumento ya se prevé en numerosos acuerdos comerciales que la UE ha firmado. Este órgano está formado por expertos nombrados por ambas partes para dirimir un conflicto de interés entre un país y una empresa que vea dañada su inversión. Sin embargo, por primera vez en el CETA se establece un Tribunal permanente con jueces profesionales, algo que ofrece mayores garantías en la imparcialidad de los procesos y la garantía de protección del interés público. Además, en ningún punto del CETA se menciona la privatización de servicios públicos (de hecho son los Estados miembros quienes ya lo hacen, en muchas ocasiones sin que haya ningún acuerdo comercial como el CETA y siendo uno de los debates más intensos en la política interna de cada país….) tampoco se reducen los estándares normativos de la UE en materia de OMGs, carne con hormonas, etc.

El acuerdo no recoge todas nuestras reivindicaciones pero, analizando el contexto político y económico actual, el acuerdo firmado mejorará con creces las exportaciones españolas de productos agrarios, generando empleo en las zonas rurales, que tan importantes son para mantener la actividad económica en las mismas.

En resumen, desde nuestra Organización, que hemos seguido desde el principio este y otros procesos y acuerdos comerciales realizados entre la UE y otros países terceros, apoyamos el CETA. Creemos que es positivo para el sector agroalimentario español, fomentará las exportaciones de nuestros productos, creará empleo y se han tomado precauciones para productos sensibles. Además, también creemos que es bueno para la economía española y europea, especialmente ante Canadá, un socio con unos estándares democráticos, de calidad de vida y sociales muy similares a los de los países más avanzados de la UE.