Por Tomás García Azcárate, Doctor Ingeniero Agrónomo y Economista Agrario.
En 1977, el gobierno liderado por Adolfo Suárez presentó formalmente la solicitud de adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE). Este paso reflejaba el deseo de consolidar la democracia y abrir la economía española al mercado europeo.
Las negociaciones se prolongaron durante casi una década. Esto dio tiempo para que el proceso de acercamiento normativo a Europa se fuera acelerando, por ejemplo, con la legalización de los sindicatos agrarios, las negociaciones de precios agrarios, la desaparición del comercio de estado y del monopolio del SENPA.
Para movilizar, en la medida de lo posible, el potencial productivo inactivado de la agricultura española, la administración española puso en marcha antes de nuestra adhesión distintos planes sectoriales (cereales, olivar, vitivinicultura, frutas y hortalizas y ganadería) que estaban encaminados a que el mayor número posible de explotaciones alcanzase los umbrales de rentabilidad mínimos para competir. Sin embargo, no se pudo recuperar en unos pocos años el retraso acumulado durante los casi 30 años, 30 gloriosos años, de ausencia de nuestro país en la construcción europea.
La prolongación de la negociación tuvo el inconveniente de que la Política Agraria Común fue cambiando, desde un apoyo a gran escala a los agricultores hacia una política más restrictiva de control de las producciones: umbrales de garantía y estabilizadores presupuestarios, a partir de 1982: cuotas lácteas y Acuerdo de Fontainebleau para el vino, en 1984. Toda limitación por Estado miembro de la producción que pueda recibir ayuda de la PAC era discriminatoria para un país como España que no había tenido ni tiempo, ni mercado, ni dinero para desarrollar su agricultura.
A esto le debemos sumar un Tratado de adhesión discriminatorio. El capítulo agrario fue el último que se cerró en la negociación. La presión política y desde el resto de los sectores económicos españoles sobre los negociadores agrarios fue tremenda. Tuvieron que aceptar un “periodo de verificación de la convergencia”, que marginaba entre otros a nuestro aceite, a las frutas y hortalizas y al porcino.
La renegociación permanente
Todo esto explica que España, desde el primer día, empezó a renegociar los términos de su adhesión. Algunos hitos de este proceso fueron el mercado único europeo (1993) que acortó todos los periodos transitorios y los aumentos de la cuota láctea española negociados tanto cuando eran ministra y ministro de Agricultura Loyola de Palacio y Pedro Solbes.
Mención especial merece la reforma Mac Sharry de la PAC (1992), la primera gran reforma en la que España participó como miembro de pleno derecho, y en la que arrancó el compromiso de aplicar los mismos principios que la inspiraron a las frutas y hortalizas y al vino, unas reformas que tardaron, pero llegaron.
La situación negociadora de España, al menos en los aspectos agrarios, nunca fue sencilla. Además de los lastres ya mencionados de las cláusulas de Tratado de adhesión y de la escasa movilización de su potencial productivo, España es un gran actor europeo en todos los principales mercados, tanto de productos llamados “continentales” como de los “mediterráneos”, es decir está en primera línea de todas las negociaciones lo que dificulta una política de alianzas con otros Estados miembros.
España además ha tenido que librar batallas pedagógicas y políticas estratégicas de primer orden en temas como la gestión del agua o la gestión de riesgos climáticos. Gota a gota, la lluvia fina de la insistencia, y las consecuencias del cambio climático que está golpeando a muchos Estados miembros, ha hecho que hoy estos temas estén por fin en el centro de los debates europeos.
Somos Europa
Tras 40 años en la Unión Europea, España se ha consolidado como la cuarta (o tercera) potencia agroalimentaria europea y una de las principales del mundo, pasando de tener una balanza comercial estructuralmente deficitaria a un excedente comercial agroalimentario que se acerca a los 20.000 millones de euros anuales. Algunos sectores somos hoy líderes mundiales en producción y comercialización, como las frutas y hortalizas, el vino o el porcino.
La Política Agraria Común ha inyectado cerca de 200.000 millones de euros en el campo español, permitiendo una profunda modernización tecnológica, mejora en los sistemas de regadío y estabilización de rentas.
Una asignatura pendiente
La PAC ha apoyado, de distintas maneras, a los agricultores. Desgraciadamente, no ha apoyado en la misma proporción al instrumento comercial de los agricultores, sus cooperativas.
Dos ejemplos ilustran mi propósito. Cuando se aprobó la retirada de tierra, la PAC se olvidó de las consecuencias de la disminución de los volúmenes producidos y comercializados de cereales; cuando se aprobaron arranque del viñedo, cuando se aprueba la cosecha en verde, no hubo, no hay ningún apoyo a las cooperativas para que se adapten ellas también a la nueva situación de mercado.
Esta carencia es simultánea con una creciente inquietud sobre el desequilibrio de la cadena alimentaria y sus consecuencias para su eslabón más débil, los agricultores. Las medidas legislativas, europeas y nacionales, pueden ayudar, y cuando están bien diseñadas, ayudan en efecto.
Pero en una cadena comercial, está última palabra es importante, lo que ayuda de verdad a la creación de valor como a su distribución equilibrada entre sus actores, es la organización de cada eslabón, en particular de su eslabón más débil. Fomentar el asociacionismo, incorporarlo como un elemento clave en el diseño de las políticas, en nuestro caso agrarias es, pues una prioridad de primer orden.
A esta realidad comercial viene a sumarse la revolución tecnológica que estamos viviendo y las crecientes obligaciones reglamentarias en materias tan importantes como el medio ambiente y el bienestar animal, la gestión de residuos, la disminución del desperdicio alimentario.
Todos los políticos declaran querer apoyar a la agricultura de dimensión humana, unos la llaman “agricultura familiar”, otros “pequeña y mediana agricultura”, yo “clase media del campo”. La manera más eficaz de poner de acuerdo los discursos con los hechos, de que esta clase media siga existiendo y dando vida a nuestros pueblos dinamizando el medio rural es la cooperación y las cooperativas, para compartir costes y generar beneficios.
Preservar la excepción
He escrito antes que la PAC se había olvidado de las cooperativas. Hay una excepción, un ejemplo que de nuevo todos nuestros políticos apoyan con entusiasmo, las organizaciones de productores (OPs) en el sector de las frutas y hortalizas. Es importante precisar que es en este sector porque existen otras entidades, llamadas erróneamente con el mismo nombre de OPs, pero que no son entidades comerciales sino de negociación.
Pues bien, este ejemplo está sometido con la propuesta de la Comisión Europea de nueva PAC 2028-2034 a un ataque frontal, solo comprensible desde la ignorancia del sector agrario y/o la estrechez administrativista del pensamiento.
Defender las OPs de frutas y hortalizas hoy, su financiación 100% comunitaria, su capacidad de promover la cooperación transregional y transnacional, es quizás la tarea más urgente que tenemos encima de la mesa para los próximos meses.
Los retos pendientes
Las urgencias, que hay que atender, no deben hacernos olvidarnos de los grandes retos pendientes.
La agricultura española, como la economía española, va bien porque a una pequeña franja de la población le está yendo muy bien. El 1.7% de las explotaciones aportan el 40% de la producción agraria; el 19% de las explotaciones son responsables del 70% de dicha producción.
El reto es conseguir que a este grupo de empresas se sumen la mayor parte posible de los agricultores activos profesionales que conforman esta clase media de la que ya hemos hablado. Cuando la Comisión dice que las ayudas deben ir “a quién las necesitan”, esta es la concreción que deberíamos proponer.
Deberíamos, a mi juicio, proponerlo con un añadido. No solo debemos centrarnos “en los que más lo necesitan” sino en sus instrumentos comerciales, las cooperativas, para hacer posible no solo lo necesario sino lo imprescindible.
Las nuevas instalaciones y las cooperativas
La incorporación de jóvenes y nuevas personas agricultoras es una necesidad de primer orden. No es solo un problema del campo: la población europea envejece y otros sectores como la construcción o el transporte tienen el mismo problema. Las políticas seguidas hasta ahora, salvo la de atraer al talente emigrante, han tenido pocos resultados.
Los principales obstáculos a estas incorporaciones son conocidos: Se trata del acceso a la tierra, del capital necesario para arrancar y de la formación y asesoramiento necesarios. Hace mucho frío cuando uno está solo lanzado a una aventura personal y patrimonial como es una instalación.
Son numerosos los ejemplos de cooperativas que se han tomado el problema en serio y que acompañan las instalaciones, facilitándoles tanto el acceso a la tierra como el capital para las inversiones necesarias, junto con el apoyo técnico y el asesoramiento para que esta instalación no solo sea posible, sino que sea exitosa.
De nuevo, las cooperativas son parte de la solución y su papel debería ser reconocido también en este proceso tanto a nivel europeo, en los propios textos de la PAC, como en el futuro Plan Estratégico nacional y reflejarse en las ayudas y subvenciones que se puedan dar.
De nuevo, en este tema como en los anteriores, al lado de las posibles ayudas individuales de las que puedan beneficiarse los jóvenes y nuevas personas agricultoras que se instalen y las soliciten, debería haber unas ayudas para las cooperativas que las acompañen.
Este artículo de opinión se ha publicado en la revista nº 70 de Cooperativas Agro-alimentarias de España (abril-junio 2026).
