- Por Josep Lluís Escuer López, presidente del Subsector de Hidrocarburos y vicepresidente del Sector de Suministros de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
El sector agrario afronta de nuevo un escenario de fuerte tensión en sus costes de producción. La volatilidad energética se traslada con rapidez al gasóleo, los fertilizantes y la electricidad, tres partidas decisivas para la cuenta de resultados de numerosas explotaciones. En un contexto de precios agrarios que no siempre acompañan la subida de los insumos, cada incremento adicional erosiona unos márgenes ya muy ajustados.
El incremento de los precios de los carburantes, en concreto, del gasoil agrario profesional han pasado de 1,12€/litro, desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio a, aproximadamente, 1,70€/litro en la actualidad y subiendo. Un incremento realmente inasumible.
Y la consecuencia más preocupante no es únicamente el encarecimiento de una campaña, es la pérdida de confianza para planificar la siguiente. Hay agricultores y ganaderos que se preguntan si compensa sembrar, plantar o mantener determinadas producciones cuando el coste puede crecer más deprisa que los ingresos. Esta incertidumbre compromete inversiones, relevo generacional y continuidad empresarial.
La viabilidad de las explotaciones tiene además una dimensión territorial. Mantener actividad agraria significa sostener empleo, servicios, población y tejido económico en miles de municipios. También significa conservar una producción de proximidad que refuerza la autonomía alimentaria y reduce la dependencia de mercados externos en momentos de crisis.
El Gobierno ha articulado medidas extraordinarias para amortiguar el impacto del encarecimiento del gasóleo. El 29 de septiembre se publicó el Real Decreto-ley 25/2026, que prorroga hasta final de año las ayudas al gasóleo agrario, inicialmente previstas hasta el 30 de septiembre. La medida contribuye a aliviar los costes de producción de agricultores y ganaderos y a compensar el incremento del precio del gasóleo.
Entre octubre y diciembre la ayuda cubrirá hasta el 70% de la diferencia entre el precio medio semanal del gasóleo agrario y el precio existente antes del inicio de la crisis que motivó el Plan de Respuesta. En todo caso, se establece un límite máximo de 0,20 euros por litro.
No obstante, se trata de una medida temporal que, aun siendo necesaria, debe complementarse con actuaciones estructurales que mejoren la competitividad del sector y aporten mayor estabilidad a las explotaciones y a las cooperativas agroalimentarias. Mantener el apoyo frente a los elevados costes energéticos resulta fundamental para preservar la capacidad productiva, el empleo y la actividad económica en el medio rural. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España consideramos necesario reforzar las medidas fiscales y de apoyo al gasóleo utilizado profesionalmente en el sector, evitando que el final de los mecanismos extraordinarios se traduzca de forma abrupta en un nuevo salto de costes. Reclamamos un marco que acompañe al sector mientras persistan las tensiones energéticas y que permita recuperar niveles compatibles con la rentabilidad de las explotaciones.
La prioridad debe ser preservar la capacidad productiva. Si la rentabilidad desaparece, se acelera el abandono de explotaciones y se debilitan el suministro de alimentos de proximidad, la economía rural y la gestión activa del territorio.
Junto a las ayudas extraordinarias, agricultores y ganaderos deben tener presente la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo empleado en su actividad, procedimiento que además sirve de referencia para determinadas ayudas vinculadas al consumo de gasóleo agrario.
En pesca también son necesarios instrumentos específicos: agricultura y pesca comparten una elevada exposición al coste energético y su impacto termina trasladándose a toda la cadena alimentaria.
Actuar ahora para no perder capacidad productiva
El campo español necesita instrumentos estables, seguridad regulatoria y una respuesta proporcionada a la importancia estratégica de producir alimentos. Las cooperativas observan a diario cómo el encarecimiento de los insumos condiciona decisiones que afectan a toda la sociedad.
Todavía estamos a tiempo de evitar que una crisis coyuntural se convierta en una pérdida estructural de explotaciones, empleo y actividad rural. Las medidas deben llegar con agilidad y con un horizonte que permita planificar.
Este artículo de opinión se ha publicado en la revista nº 71 de Cooperativas Agro-alimentarias de España (julio-septiembre 2026).
