- Por Mónica Sanz, presidenta del Grupo de Trabajo de Seguros Agrarios de Cooperativas Agro-alimentarias de España
El informe del Banco Mundial sobre la gestión de riesgos en la agricultura de la Unión Europea, publicado en marzo, vuelve a subrayar una realidad cada vez más evidente: el sistema agroalimentario europeo se enfrenta a un entorno crecientemente incierto y volátil. Factores como el cambio climático, las tensiones geopolíticas o las crisis sanitarias no solo añaden nuevas amenazas, sino que intensifican los riesgos tradicionales que históricamente ha asumido el sector agrario.
El análisis del organismo internacional es claro: en Europa, el uso de herramientas de gestión del riesgo sigue siendo limitado. Entre las causas, destacan la expectativa de ayudas públicas tras episodios adversos o el efecto “red de seguridad” de las ayudas directas de la PAC. Sin embargo, el informe también advierte de que esta situación resulta insostenible a medio plazo, especialmente si se tiene en cuenta que la sequía ya representa más del 50% de las pérdidas agrarias en la UE.
En este contexto, adquiere especial relevancia el debate sobre el futuro de la PAC más allá de 2027, donde se plantea reforzar de forma decidida los instrumentos de gestión del riesgo. Hoy por hoy, estos mecanismos siguen siendo poco utilizados y escasamente eficaces en la mayoría de los Estados miembros.
España: un modelo referente que necesita evolucionar
Frente a esta realidad, España constituye una excepción destacable. Nuestro país cuenta con un sistema de seguros agrarios consolidado y reconocido internacionalmente, fruto de casi cinco décadas de desarrollo y colaboración público-privada. Un modelo robusto que, además, ha evolucionado al margen de la PAC.
Los datos más recientes, correspondientes a 2025, confirman la solidez del sistema: el capital asegurado alcanzó los 19.332 millones de euros, con un crecimiento del 6,38%, mientras que las primas contratadas superaron los 1.029 millones. La siniestralidad, pese al incremento de fenómenos adversos, se ha mantenido en niveles equilibrados, con indemnizaciones por valor de 765 millones de euros.
Estas cifras reflejan un sistema estable y técnicamente solvente. Sin embargo, un análisis más detallado revela una tendencia preocupante: el crecimiento del valor asegurado no se traduce en un aumento real de las producciones cubiertas. De hecho, en los últimos cinco años se observa un retroceso en líneas clave como cítricos, frutales o uva de vino, mientras que otras permanecen prácticamente estancadas, como la línea de herbáceos extensivos.
El verdadero reto: aumentar la base asegurada
Este comportamiento resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que estas cuatro líneas de cultivo concentran más del 60% del total asegurado. En un escenario de mayor exposición al riesgo, cabría esperar un aumento significativo de la contratación; sin embargo, la realidad apunta en sentido contrario.
Desde la experiencia y el conocimiento acumulado en el ámbito cooperativo, es imprescindible analizar en profundidad esta situación. Todo apunta a que factores como el incremento de primas, especialmente a través de recargos y revisiones de tasas (niveles de riesgo) en los seguros de rendimientos, pueden estar influyendo negativamente en la decisión de los agricultores y ganaderos.
El valor estratégico de las cooperativas
En este punto, el papel de las cooperativas agrarias resulta fundamental. No solo como canal de acceso al seguro, sino como entidades que aportan conocimiento técnico, cercanía al productor y una visión integral del funcionamiento de las explotaciones.
Las cooperativas conocen de primera mano la realidad productiva, las particularidades de cada cultivo y las necesidades específicas de los agricultores y ganaderos. Esta capacidad de análisis y acompañamiento las convierte en actores clave para diseñar herramientas de gestión del riesgo más eficaces, adaptadas y sostenibles.
Para reforzar el sistema, resulta necesario actuar en varias líneas. Por un lado, incrementar el apoyo presupuestario a las pólizas por parte de las administraciones, alcanzando los niveles máximos de subvención permitidos por la Unión Europea. Por otro, fomentar una cultura del aseguramiento vinculando de forma clara las ayudas extraordinarias a la contratación de seguros.
Al mismo tiempo, es fundamental seguir perfeccionando los instrumentos técnicos, ajustando recargos y mejorando el diseño de las líneas de seguro para hacerlas más accesibles y adaptadas a la nueva realidad climática.
En un escenario de creciente incertidumbre, el sector agrario necesita más que nunca soluciones basadas en el conocimiento, la experiencia y la colaboración. Las cooperativas representan precisamente ese espacio donde confluyen profesionalidad, innovación y compromiso con el territorio.
Reforzar su papel en la gestión del riesgo agrario no solo permitirá mejorar los niveles de aseguramiento, sino también construir un sistema más resiliente, capaz de responder a los desafíos del siglo XXI.
Porque, en definitiva, la fortaleza del sector agrario español pasa por reconocer y aprovechar el valor estratégico de quienes mejor conocen su realidad.
