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• El director Financiero y de Relaciones Institucionales de Cooperativas Agro-alimentarias, Tomás Rojas, quiso dejar claro que el aumento del precio de los alimentos no es un problema de márgenes sino de subida de los costes.

Ramón y Cajal Abogados organizó la sesión titulada "La evolución del precio de los alimentos: perspectivas desde la Administración y el sector agroalimentario" en dos mesas de debate, integradas por representantes de la Administración y de las principales organizaciones del sector agroalimentario. En ellas se abordó la cuestión del alza en el precio de los alimentos, teniendo en cuenta elementos como la espiral inflacionaria generalizada o las medidas adoptadas por la Administración.

En la primera mesa participaron José Miguel Herrero, Director General de Alimentación en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Presidente del Observatorio de la Cadena Alimentaria, y Alfonso Camba, Subdirector de Estudios e Informes del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC (Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados.

En la segunda, Tomás Rojas, director Financiero y de Relaciones Institucionales de Cooperativas Agro-alimentarias de España; Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas); e Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) debatieron sobre los acontecimientos vividos en los años 2022 y 2023 con el alza de los costes de producción y distribución de alimentos.

Tomás Rojas puso de manifiesto en su intervención la opinión del sector primario, en el que las cooperativas agroalimentarias ponen todo su esfuerzo en conseguir las mejores condiciones para sus socios agricultores y ganaderos. Por eso ahondó en la idea de que la evolución exponencial en el precio de los alimentos es consecuencia de una inflación de costes y no de márgenes.

El director financiero y de Relaciones Institucionales de Cooperativas Agro-alimentarias dejó claro que el aumento del precio de los alimentos se debe a mayores costes productivos y a unas menores producciones. "No es justo que se señale al sector primario como el causante de que nos cueste más llenar la cesta de la compra" aseguró, al mismo tiempo que criticó que desde el Observatorio de Precios, en el que participan el Banco de España y los ministerios de Agricultura y Economía, se haya asegurado que los márgenes en el sector primario se han disparado, algo que, insistió, no es verdad "porque la muestra utilizada no es representativa".

Por otra parte, durante su intervención también señaló que lo ideal sería que las políticas medioambientales contasen con la opinión del sector agroalimentario y señaló que "es llamativo que en cinco años nuestra organización no haya sido recibida por el MITECO". "El sector productor no está en contra de los objetivos medioambientales -apuntó- muy al contrario, los que más hacemos por el medioambiente somos los que estamos todos los días en el campo, pero exigimos que se nos escuche y que esas políticas sean coherentes en plazos, en la forma de abordarlas y con el presupuesto adecuado".

Otro de los temas a los que Tomás Rojas se refirió en su interveción fue al relevo generacional, porque sin relevo no hay agricultores, se abandonarán explotaciones y la producción de nuestro país disminuirá. "Nos ha costado mucho estructurar el sector en torno a cooperativas suficientemente dimensionadas, altamente eficientes y muy profesionalizadas, y ahora que tenemos estas estructuras podemos quedarnos sin producción por la falta de ese relevo generacional" explicó, lanzando un llamamiento para actuar rápido y dotar al medio rural de más medios y de una mayor atención. 

Todos los ponentes realizaron un análisis coincidente de las causas de la inflación -que algunos remontan a los aranceles de EEUU y al Brexit-: encarecimiento de los precios de los carburantes y de la energía y de los fertilizantes, la reducción en el flujo de materias primas provenientes de Ucrania debido a la invasión rusa, la crisis del Mar Rojo o la sequía (que ha repercutido de manera especialmente negativa sobre la producción de frutas, hortalizas y aceite de oliva).

Tampoco cabe obviar el papel que parece que podría haber tenido el actual marco normativo en el precio de los alimentos: las obligaciones regulatorias derivadas de la normativa de envases y residuos de envases y el reforzamiento de la Responsabilidad Ampliada del Productor como la punta del iceberg, a la que hay que añadir otras obligaciones regulatorias que tienen su base en la agenda 2030 o la Política Agrícola Común. Se trata de cargas legales, fiscales y administrativas que añaden costes a lo largo de toda la cadena de valor.