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Las nuevas obligaciones de inscripción de contratos alimentarios, tal y como dispone la Ley de la Cadena, están generando muchas dudas en la operativa de nuestras cooperativas. Con el fin de resolver y aclarar las obligaciones que deben tener en cuenta, Cooperativas Agro-alimentarias de España organizó el 1 de febrero un webinar en colaboración con Agrobank, en la que participaron más de 200 responsables de cooperativas.

Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, destacó que la aprobación de las últimas modificaciones de la Ley, en diciembre de 2021, han supuesto algunos cambios importantes para los operadores del sector, como las cooperativas, y que por eso es importante insistir, formar y divulgar. Tal y como destacó en su intervención, la ley de la cadena trata de regular las relaciones entre los operadores, y si bien no es suficiente per se para resolver los desequilibrios, sí puede ayudar a mejorar las operaciones en la cadena alimentaria.  

A continuación, Gema Hernández, directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, expuso las nuevas obligaciones de inscripción de contratos en el registro de contratos alimentarios, derivadas de la aprobación del Real Decreto 1028/2022, que ya está en funcionamiento desde el 31 de enero. La directora de la AICA expuso que la inscripción de contratos alimentarios en el registro de contratos es obligatoria a partir del 30 de junio para  todos aquellos que compren productos agrícolas y alimentarios a productores primarios y a las agrupaciones de éstos y estén obligados a la formalización de un contrato alimentario. Se trata de una herramienta de control de la AICA y de las CCAA, y que por tanto, no tendrá carácter público. El registro es digital y se puede acceder desde www.aica.gob.es,  siendo los compradores los que deben registrar a sus proveedores.

Durante la jornada Juan Francisco Juliá, catedrático de Economía Agraria de CEGEA y Carlos Vargas, catedrático de Derecho Mercantil de CIDES, han expuesto las principales conclusiones del estudio que han realizado bajo el título “Ley de la Cadena Alimentaria, cooperativas y otras entidades asociativas agrarias: soluciones y propuestas tras su reforma”. Tal y como han señalado la ley de la cadena trata de evitar la destrucción de valor, pero plantea dudas interpretativas y de aplicación de las excepciones existentes para las cooperativas en virtud de la relación societaria entre socio y cooperativa.  

Ha cerrado la jornada, José Luis Palma, experto en derecho agroalimentario y Of Counsel en Gómez-Acebo & Pombo.

Palma ha centrado su ponencia en el impacto de la ley en el comercio internacional, destacando que existirían tres situaciones distintas: la primera, si ambos operadores están establecidos en España, la segunda, si un operador está en España y el otro en un Estado miembro de la UE, y la tercera, si un operador está establecido en España y el otro en un país fuera de la UE. Con distintos ejemplos ha explicado cada una de las situaciones y las obligaciones que conlleva en cada caso. Sí ha señalado que por una cuestión de seguridad jurídica se recomienda al comprador internacional a proveedores españoles inscribir el contrato en el registro de contratos alimentarios, asegurándose de este modo estar acorde a la ley.  Respecto a las relaciones con compradores de terceros países se ha comentado que es necesario reflexionar porque la introducción de complejidades burocráticas en las operaciones podrían provocar una pérdida de atractivo de los proveedores españolas, nutriéndose los compradores en otros países, y desincentivándose las exportaciones españolas.

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