- Estudio de la OCDE sobre las políticas agrarias.
- El trabajo hace hincapié principalmente en las necesidades de avanzar en innovación en el sector agrícola, y destaca la urgencia de buscar soluciones al problema del agua, mediante cambios de paradigma profundos en las políticas y mecanismos de gestión de este recurso.
El pasado mes de junio tuvimos la oportunidad de acudir a la presentación del estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): ‘Políticas para el futuro de la agricultura y la alimentación en España’. Este estudio es de gran interés, y plantea ciertas reflexiones y debates que pueden servir al sector agrícola español y a las instituciones para sentar las bases de un análisis y debate sobre el futuro del sector agrícola en España. El trabajo hace hincapié principalmente en las necesidades de avanzar en innovación en el sector agrícola, y destaca la urgencia de buscar soluciones al problema del agua, mediante cambios de paradigma profundos en las políticas y mecanismos de gestión de este recurso.
A continuación, resumimos algunas de las principales conclusiones:
El sector español es competitivo y exitoso en los mercados internacionales, siendo uno de los principales exportadores mundiales.
El funcionamiento del sector no está exento de preocupaciones de sostenibilidad medioambiental, particularmente en el caso del agua. España es uno de los países con mayor estrés hídrico de la OCDE, y se prevé una reducción aún mayor de las precipitaciones debido al cambio climático. La agricultura es el 80% de la demanda de agua del país. La contaminación causada por los nutrientes agrícolas también afecta a la calidad del agua y amenaza importantes ecosistemas.
España incumplió sus compromisos de emisiones de amoniaco entre 2010 y 2020. Parte de la responsabilidad es del sector ganadero, fundamentalmente por la expansión del sector porcino.
Los aumentos de productividad de los últimos años han permitido reducir la intensidad media de las emisiones del sector, pero no han sido suficientes para revertir el crecimiento total de las emisiones.
El enfoque político actual en la eficiencia del uso del regadío no está ofreciendo una respuesta suficiente en términos del uso total del agua y la calidad del agua; y debe reflejar mejor el sentido de urgencia, necesitándose un cambio de paradigma más profundo:
- En España, las autoridades agrícolas encargadas de las políticas de regadío no tienen ninguna influencia sobre el volumen de agua suministrado a las explotaciones.
- Las extracciones de agua ilegales son un elemento adicional de presión sobre las reservas de agua subterráneas, pero se carece de datos oficiales para analizar la magnitud del problema. Por otro lado, entre el 20 y el 35% de las masas de agua subterráneas y superficiales corren el riesgo de contaminación difusa por malas prácticas agrícolas, entre otras fuentes.
- En general los datos sobre el agua en España, incluidos los datos sobre tarificación de agua, su uso y consumo, no están fácilmente disponibles.
- Se apuesta por un modelo de interlocución en el que no recaiga tanto peso en las comunidades de regantes, para garantizar la representación de voces ecologistas, sociedad civil o comunidad científica.
- La situación de la escasez de agua y riesgo para la calidad del agua y los ecosistemas, exacerbada por el impacto del cambio climático, exige un cambio de paradigma por parte de Administraciones y usuarios.
Los subsidios y ventajas fiscales para la agricultura podrían aumentar el uso del agua de regadío o ser perjudiciales para el medio ambiente. El regadío se beneficia de menores impuestos a la electricidad, subsidios para el uso del agua desalinizada, y ciertas exenciones de los impuestos y tasas regionales sobre el agua. Este tipo de medidas políticas se activan por la necesidad de garantizar la supervivencia de determinadas actividades, pero es poco probable que contribuyan a incentivar un menor uso del agua, o a promover la adaptación del sector a medio y largo plazo.
España está realizando esfuerzos políticos para abordar estos desafíos medioambientales, destacando la financiación de la PAC y los fondos de recuperación postCOVID19. El apoyo a la agricultura en la PAC está cada vez más sujeto a condiciones ambientales. No obstante, en esta nueva PAC ha prevalecido la continuidad a la hora de mantener una ayuda a la renta no focalizada y que tiende a impedir el cambio.
El sistema de innovación español tiene gran potencial para contribuir a los objetivos políticos de España y garantizar la sostenibilidad ambiental del sector. Es necesario que el sector reciba incentivos ambientales más claros (económicos y regulatorios) y una respuesta de innovación más contundente que permita equilibrar los objetivos de productividad y sostenibilidad.
El Sistema de Conocimiento e Innovación Agrícola (AKIS) está fragmentado, y deben fortalecerse los vínculos que fomenten la creación y flujo de conocimiento y la adopción de la innovación. La investigación a menudo tiene problemas para llegar a los sectores productivos.
El bajo nivel de formación y de habilidades de los agricultores son preocupantes. Las necesidades de formación del sector están evolucionando, y requieren de altas habilidades empresariales, digitales y ambientales.
Los servicios de asesoramiento han evolucionado a proveedores de servicios privados, cuyo asesoramiento suele estar vinculado a sus intereses comerciales.
El Gobierno podría liderar el desarrollo e implementación de una ambiciosa estrategia de innovación agrícola, conciliando el desempeño ambiental y el crecimiento de la productividad. Para ello se necesita un entorno administrativo y reglamentario claro y estable.
Implementar y dar seguimiento a buenas prácticas medioambientales e introducir la innovación requiere de inversiones en disponer de buenos datos, y de poder evaluar a posteriori las medidas implementadas, como los Ecorregímenes, o los programas de modernización de regadíos.
Por último, para mejorar la política en España, la OCDE propone 3 acciones principales:
- Fortalecer las instituciones, políticas y normativas para apoyar estratégicamente la innovación agrícola. Debe ser una estrategia ambiciosa e integral. Estas políticas deben estar respaldadas por una estrategia de datos agrícolas. La simplificación administrativa y unas normas claras y estables ayudarían a promover la innovación.
- Impulsar el sistema de innovación agrícola y aprovechar sus sinergias para que trabaje en pro de la sostenibilidad. España debería aumentar la inversión pública y crear incentivos para la inversión privada, garantizando el acceso de las PYMES.
- Hacer frente a las presiones medioambientales urgentes mediante innovaciones que conduzcan a una agricultura más sostenible. Fundamentalmente debido a las presiones hídricas se requieren acciones urgentes para abordar el alcance de este problema y la responsabilidad del sector. El impacto de las políticas de regadío merece una evaluación en profundidad para garantizar que abordan el estrés hídrico, y las políticas de seguros deben estar alineadas con la necesidad de adaptación al clima.
Las conclusiones del estudio son de extraordinario interés, a pesar de su tibieza. La organización identifica y determina de manera firme retos importantes en la agricultura española, fundamentalmente hacer frente con decisión a los problemas de agua, mediante un cambio de paradigma en la gestión y una reducción del uso; el impacto de la agricultura en el medio ambiente, o las necesidades de profundizar en que la innovación llegue hasta el agricultor. Este tipo de conclusiones, especialmente cuando proceden de organismos externos, independientes y de reconocida solvencia técnica, deben ser valoradas y tenidas en cuenta de cara a afrontar futuros análisis y profundos debates internos sobre el destino de la agricultura y la alimentación en nuestro país.
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Este artículo aparece publicado en el número 59 de la Revista de Cooperativas Agro-alimentarias de España (julio-septiembre 2023).
