Tras años de debates y meses de intensos intercambios técnicos, las negociaciones en el trílogo sobre la reforma del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) han concluido con un acuerdo político nefasto para el sector del arroz. Aunque este resultado tan esperado cierra -por fin- un expediente pendiente desde hace varios años, el sector del arroz lamenta profundamente que el compromiso final quede muy lejos de garantizar unas condiciones de competencia equitativas para los agricultores y transformadores de la UE.
Desde el inicio del proceso, la cadena de valor del arroz europeo —que agrupa a productores y molineros de todos los Estados miembros— ha reclamado de forma constante un mecanismo de salvaguardia automático capaz de responder al incremento excepcional de importaciones de arroz a bajo coste procedentes de los Países Menos Desarrollados. Solo en el último año, estas importaciones han alcanzado niveles récord de 547.000 toneladas, superando ampliamente las cifras que ya justificaron la aplicación de medidas de salvaguardia en 2019.
El compromiso alcanzado en el trílogo final -aprobado pese al voto en contra de España, Grecia e Italia, principales productores de arroz de la UE- introduce un mecanismo basado en un promedio de importaciones de diez años (387.000 toneladas), con un margen de incremento del 45 %, lo que lleva a un umbral de activación de 562.000 toneladas. Además, la salvaguardia será objeto de una revisión anual tras su entrada en vigor en 2027.
Sin embargo, las cantidades umbral establecidas bajo el nuevo mecanismo han sido diseñadas para activarse solo en lo que se define como una "situación verdaderamente excepcional" para el mercado del arroz, utilizando como referencia los actuales niveles de importación, históricamente elevados.
Tras cuatro años de negociaciones, durante los cuales el deterioro del sector arrocero europeo ha sido evidente, resulta profundamente injusto que la definición de lo que constituye una situación excepcional se base ahora en estas cifras infladas. El resultado es una salvaguarda que ignora en la práctica las solicitudes de protección real y eficaz que el sector viene reclamando desde hace años.
No es comprensible ni aceptable que estén en curso otras negociaciones, como el acuerdo de MERCOSUR, y los EEMM estén apoyando el establecimiento de una cuota libre de aranceles y la activación de una cláusula de salvaguardia cuando se produzca un incremento de un 10%, como cantidad fija, y, en este caso, algunos EEM hayan admitido que se vaya a “jugar” con un margen de incremento del 45% y con una revisión anual de esta salvaguarda, con las preocupantes consecuencias que esto puede tener para el sector.
El sector arrocero cooperativo -que en España concentra más del 60% de la producción- llevaba meses esperando el resultado de esta negociación crucial sobre el Reglamento SPG (Sistema de Preferencias Generalizadas). El objetivo era claro: establecer una cláusula de salvaguardia automática que se activara realmente al superarse volúmenes de importación insostenibles, suspendiendo los aranceles cero concedidos a terceros países. Nuestra posición no cuestionaba los objetivos del SPG. El apoyo a los países en desarrollo sigue siendo un valor central de la UE, pero deben aplicarse la equidad, equilibrio y la proporcionalidad, garantizando que no se causen daños irreparables a los productores europeos.
Así se transmitió a nuestro gobierno para que apoyase una configuración de salvaguardia del SPG que realmente evitase daños irreparables en el sector, en lugar de afianzar la presión actual en el marco político de la UE ante las importaciones pero la decisión europea ha ido en sentido totalmente contrario.
Mientras tanto, la estructura del mercado europeo del arroz ha cambiado de manera drástica. Aunque la demanda total de la UE, situada en torno a 2,8 millones de toneladas, podría cubrirse mediante una combinación equilibrada de producción comunitaria e importaciones moderadas, la cuota entre ambas ha pasado de un 60/40 hace una década a prácticamente un 50/50 en la actualidad. Los sucesivos años de sequía redujeron la producción europea y aumentaron la dependencia de arroz importado a bajo coste y libre de aranceles. Incluso en 2025, pese a la recuperación productiva generalizada, las importaciones han continuado en niveles récord, desplazando al arroz cultivado en la UE de su propio mercado.
Si esta tendencia persiste, los productores europeos de arroz corren el riesgo de ser expulsados permanentemente del mercado interno, con una caída de la demanda de arroz comunitario, una reducción de las superficies de cultivo y un perjuicio económico duradero al sector.
Aunque el mecanismo de salvaguardia se presenta como automático, el umbral fijado lo convierte en la práctica en inoperante en las condiciones actuales del mercado. El sector arrocero considera que esta es una oportunidad perdida para ofrecer una protección real y oportuna frente a perturbaciones del mercado. A modo de comparación, la última medida de salvaguardia aplicada —a partir de las 380.000 toneladas— ya fue justificada por la Comisión como necesaria para evitar daños al sector. Por tanto, el nuevo mecanismo solo se activaría con volúmenes de importación aún más extremos, cuando el daño sería ya irreversible.
El resultado refleja un compromiso político que prioriza la rapidez sobre el contenido. Como consecuencia, una medida que podría haber ofrecido una protección significativa a los productores europeos ha quedado debilitada hasta un valor meramente simbólico, poniendo en riesgo a todo el sector.
No obstante, el sector agradece a la presidencia danesa sus esfuerzos por cerrar este expediente. De la misma forma lo hace con los europarlamentarios que han mostrado sensibilidad hacia esta problemática durante estos años de negociación.
De cara a la última fase, les solicita encarecidamente a todos los europarlamentarios que colaboren activamente en revertir este acuerdo y voten en contra de la ratificación.
El sector arrocero cooperativo sustenta a miles de familias, afianza las comunidades rurales y contribuye a la seguridad alimentaria y a la preservación del medio ambiente y la biodiversidad, y necesita una política comercial que reconozca y proteja su papel estratégico dentro de la Unión Europea.
