- Por Juan Antonio González, presidente de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado el trámite de audiencia e información pública del Proyecto de Orden Ministerial que define la lista de frutas y hortalizas frescas exentas de la obligación de venderse a granel, conforme al artículo 7.4.a) del Real Decreto 1055/2022 sobre envases y residuos de envases. Una vez finalizado este proceso, la comercialización envasada quedará prohibida en España para todas las frutas y hortalizas frescas que no estén en dicha lista.
Se trata de una regulación que preocupa enormemente al sector hortofrutícola español y sobre la que Cooperativas Agroalimentarias de España ha llamado la atención de los dos departamentos implicados (agricultura, transición ecológica) reiteradamente durante los últimos años.
Esta regulación ha generado una enorme preocupación en el sector hortofrutícola nacional, y desde Cooperativas Agro-alimentarias de España hemos reiterado -una vez más, como lo hemos hecho en las diversas versiones formuladas por distintas administraciones en los últimos años-, nuestro rechazo, no solo por el contenido de la norma, sino, especialmente, por su inoportunidad e incongruencia. Desarrollar en este momento esta orden ministerial supone una amenaza para la competitividad de nuestros productores y rompe la coherencia del marco legal comunitario.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España consideramos que se deberían suspender estos trabajos y que -en el marco de la modificación anunciada por MITERD del Real Decreto 1055/2022 “de envases y residuos de envases” - se debería eliminar su artículo 7.4.a) sobre frutas y hortalizas. Queremos subrayar la incoherencia de continuar tramitando esta Orden Ministerial en este momento, justo cuando:
1.- La UE ya ha legislado en esta materia a través del Reglamento 2025/40 sobre Envases y Residuos de Envases, que en su artículo 25 y anexo V punto 2 establece —a partir del 1 de enero de 2030— una limitación específica al uso de envases plásticos de un solo uso en frutas y hortalizas.
2.- La Comisión Europea está confeccionando una “Lista europea de ejemplos de excepciones”, con el objetivo de armonizar las excepciones que cada Estado miembro puede establecer y evitar divergencias que distorsionen la competencia o crear obstáculos en el mercado único.
3.- Francia, que fue pionera en este ámbito, ha abandonado su norma nacional , y no tiene previsto reintroducir restricciones propias al envasado de frutas y hortalizas.
4.- Por tanto, España, principal país productor y exportador de la Unión Europea, corre el riesgo de convertirse en el único país de la UE con una norma propia sobre este tema. Esto supone una grave desventaja competitiva: los operadores españoles deberán implementar sistemas de envasado diferenciados según el destino del producto (mercado nacional, comunitario o terceros países), asumiendo costes logísticos y comerciales innecesarios. Y si la Comisión, finalmente, impidiera que España la aplique a producto foráneo, podría darse la circunstancia de que frutas y hortalizas importadas podrían entrar en España con envases atractivos, compitiendo en condiciones desiguales con nuestros productos obligados a venderse a granel, peor identificados y menos valorizados.
5.- En el marco del ejercicio por parte de la UE de “simplificación” y de racionalización de las normativas comunitarias, cabe la posibilidad de que se aborde, en los próximos meses, una modificación del Reglamento 2025/40, la cual podría implicar la modificación (¿o eliminación?) de su artículo 25 y del Anejo V. punto 2.
6.- El propio MITERD está tramitando una modificación de su Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases para que sea del todo compatible con el Reglamento 2025/40. Por coherencia, la norma propia de frutas y hortalizas también debería acercarse al marco comunitario y no alejarse.
A todo esto, se suma el alto impacto económico y técnico para las cooperativas: los continuos cambios normativos exigen adaptaciones complejas e inversiones costosas en las líneas de confección. Ya lo vivimos con el ejemplo francés, y no podemos permitirnos repetir el mismo error.
Es importante destacar que el sector hortofrutícola español comparte plenamente los objetivos medioambientales de reducción de residuos y uso racional de envases. Las cooperativas han demostrado su compromiso mediante inversiones e innovaciones en sostenibilidad. Sin embargo, rechazamos una estrategia que sacrifica la competitividad y coherencia normativa en nombre de una falsa urgencia regulatoria.
Es el momento de apostar por una legislación europea armonizada, basada en criterios técnicos sólidos y con un calendario realista, que respete la unidad del mercado y no castigue a los productores más comprometidos con la sostenibilidad. La normativa española aún está a tiempo de rectificar. Esperamos que el Gobierno escuche la voz del sector y actúe en consecuencia.
Este artículo se ha publicado en la Revista de Cooperativas Agro-alimentarias nº66 (abril-junio 2025).
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