Por Juan Sagarna, director del departamento de Sostenibilidad, Calidad e Innovación de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
En los últimos días he tenido la oportunidad de hablar con algunos de los profesionales que trabajan ayudando a las cooperativas españolas en cuestiones de sostenibilidad. Algunos me transmitían cierta frustración por la imagen negativa que del sector se podía percibir, al cuestionarse en las recientes manifestaciones algunos objetivos medioambientales, y convertirlos en símbolos de sus protestas.
Albergaban también el temor de que las aparentes cesiones que se están haciendo desde los distintos niveles de la administración pudieran provocar cambios estratégicos de rumbo en sus empresas con respecto al camino emprendido en los últimos años. Este camino no es otro que conciliar la rentabilidad económica de las cooperativas y de sus socios y socias con progresivos pero constantes pasos hacia la mejora continua y sostenible. Tanto en sus actividades como empresas de comercialización y transformación, como ayudando a sus agricultores y ganaderos socios, y siempre tratando de prepararlos a las regulaciones venideras y a las imposiciones de mercado.
Comparto el análisis y muchas de las preocupaciones de estos profesionales. Me atrevo a aconsejar que ese es un error que las cooperativas (y en general la agricultura española) no se pueden permitir.
En el fragor de las manifestaciones y protestas razonables del sector agrario, se han introducido elementos poco rigurosos, siendo uno de los habituales el de que los requisitos medioambientales, impuestos por funcionarios desconocedores de la realidad desde sus despachos en Madrid o Bruselas, son las grandes barreras a la competitividad de nuestra agricultura y ganadería. Es indudable que la estrategia Farm2Fork europea buscaba un nivel de exigencia superior en distintos aspectos, entre los que se incluyen los medioambientales. Pero también es cierto que eran requisitos que en su mayoría no han dado tiempo a convertirse aún en problemas del día a día de los agricultores y ganaderos.
Las restricciones en el uso de agroquímicos, especialmente los fitosanitarios o los antibióticos, sí están teniendo un gran impacto en la disponibilidad de herramientas para los agricultores y ganaderos, sin duda. Pero estas limitaciones tienen su origen mayoritario en el cuidado de la salud humana, y no del medioambiente, salvo excepciones. Igualmente, el establecimiento de zonas vulnerables y de limitaciones en la fertilización nitrogenada busca prioritariamente vigilar el nivel de calidad de las aguas para consumo humano, el control de las emisiones de amoniaco en granjas intensivas quiere paliar las enfermedades respiratorias, etc. Básicamente, en las restricciones ya en aplicación, la preocupación es por la salud y confort humano y no tanto medioambiental.
Realmente, hay muy pocas restricciones puramente medioambientales a través de la PAC, salvo la Condicionalidad a la que nos referiremos después. Otras veces, estas disposiciones provienen de normativa horizontal, municipal o autonómica, que afecta a todas las actividades económicas, relacionadas con la agricultura o no. Y esto es debido a que los reguladores son conscientes de que la agricultura es un sector sensible y vulnerable. Por poner un ejemplo, se trata del único sector económico europeo sobre el que no se imponen objetivos obligatorios de reducción de gases de efecto invernadero.
Puede chocar que, en unas manifestaciones tan apasionadas y provocadas por la preocupante situación actual, se preste tanta atención a disposiciones futuras, aún sin definir su concreción e impacto. Los problemas estructurales fundamentales, envejecimiento, competencia desleal, brecha tecnológica y de dimensión, entre otros, parecen alejados de la regulación medioambiental. No obstante, es evidente que hay que analizar de forma rigurosa las propuestas reglamentarias venideras, intentando aterrizar esas normas, a veces maximalistas de las instituciones europeas, en prácticas razonables, aplicables y de buen impacto.
En todo caso, la congelación y quien sabe si la retirada de ciertas iniciativas por parte de la Comisión Europea como la de los Sistemas Alimentarios sostenibles, el Reglamento de Uso Sostenible de fitosanitarios, o la atenuación de la Ley de Restauración de la Naturaleza o de la Ley de monitoreo y resiliencia del suelo, entre otras, parece haber calmado el fervor medioambiental de Bruselas respecto al campo. Pero ¿Significa esto que los agricultores, ganaderos y sus entidades organizativas y comerciales como las cooperativas tienen que olvidarse de la sostenibilidad? Para responder a esta pregunta dejemos las normas del BOE y el Boletín Europeo DOUE de lado un rato y fijémonos en la perspectiva que tienen los mercados agroalimentarios de este asunto.
Actualmente, el fervor de la cadena alimentaria por la introducción de criterios de sostenibilidad es similar al vivido a comienzos de este siglo con el aseguramiento de la calidad alimentaria. Los estímulos para este entusiasmo constituyen una miscelánea entre la que se encuentran por supuesto los componentes regulatorios y de precio, pero algunos menos obvios como los reputacionales y los financieros.
En la fase de producción primaria, las normas de buenas prácticas en la producción primaria como el reglamento de Producción Ecológica, Producción Integrada, los add-on de Global GAP o FSA de SAI, entre otras, cada una con mayor o menor historia e implantación están ampliamente reconocidas. Todas son sensiblemente más estrictas que la normativa en vigor y anhelan integrar o complementar otros conceptos muy recientes como la agricultura regenerativa, agricultura de carbono o la agricultura digital. En la siguiente fase de la cadena, la logística y procesado, se está dejando atrás la fase de ecopostureo o de greenwashing más o menos descarnado, para entrar en una fase de profesionalismo en la sostenibilidad, incluyendo la incorporación de personal específico en las empresas de cierto tamaño y de estándares y criterios de verificación que deben ser reportados anualmente. Esto encaja con los intereses en sostenibilidad de los agentes aguas abajo, aquellos más en contacto con el consumo final. Entre estos agentes se encuentra la gran distribución, que necesita responder a las legítimas ambiciones en sostenibilidad de sus clientes y reducir su riesgo reputacional. Pero me atrevería a señalar que no son ellos los principales catalizadores de esta ambición en estos momentos, lo es la gran industria alimentaria.
En los últimos cinco años las multinacionales de la alimentación se han lanzado a una frenética carrera a la hora de presentar objetivos ambiciosos de reducción de la huella de sus productos comercializados y, por otro lado, de introducción de buenas prácticas agrarias y ganaderas entre sus proveedores. Carlsberg, Coca Cola, General Mills, Bimbo, Mars, Nestlé, PepsiCo, Unilever, entre otras, han anunciado una reducción de la huella de sus productos comercializados. La mayoría ponen como referencia el año 2030 y un 30% de reducciones, 30-30. De la misma manera Cargill dispondrá de más de 4 millones de hectáreas de agricultura regenerativa, PepsiCo 2.8 millones, ADM 1.6 millones, y todos los demás grandes agentes de la cadena están desarrollando sus propios programas regenerativos.
¿Qué les ha pasado? ¿Concienciación repentina? La respuesta puede estar de nuevo en un cúmulo de factores. Por un lado, las nuevas regulaciones como la europea sobre “green claims” va a limitar el uso alegre que hasta ahora se hacía de los reclamos medioambientales al consumidor, haciendo necesario un sustento realista de los mismos. Por el otro, la regulación corporativa ha ido introduciendo en los últimos tiempos el factor no financiero en la contabilidad que están obligados a presentar las grandes empresas, sea en USA, Europa o China. Los informes ESG, que incluyen parámetros medioambientales, sociales y de gobernanza (Environmental, Social and Gobernance) obligan a estas a reportar anualmente sobre estos factores y a definir indicadores y metas sobre los mismos. Por último, la financiación sostenible, como la que otorga el Banco Europeo de Inversiones o la proporcionada por numerosos fondos de inversión de impacto, llamados así por incluir la sostenibilidad entre sus objetivos, exige un buen desempeño en la contabilidad ESG. El tener una estrategia de responsabilidad social y medioambiental, además de la económica, puede suponer varios puntos en las tasas de interés del dinero con las que una empresa se financia.
Sorprendentemente, aunque seguramente obligados por las circunstancias, la gran industria alimentaria está haciendo de la necesidad virtud y adaptándose al mismo rápidamente. Según una reciente encuesta de Deloitte y la Universidad de Nueva York a 350 ejecutivos de empresas europeas y americanas, la práctica totalidad declaraban que la incorporación de estos criterios de sostenibilidad no financieros había sido positiva económicamente, y cerca del 80% estimaban en más de un 2% de incremento de beneficios debidos a las mismas.
Volviendo entonces al panorama europeo y a la actual ola desregulatoria. ¿Es el mensaje correcto a nuestra agricultura el de que lo medioambiental no es relevante y que va a tener menos importancia en su planificación? ¿En lugar de obsesionarse con la Agenda 2030 y los ODS…no deberían los profesionales del sector estarlo con los compromisos 30-30 y los SBT (Science Based Target)?
Uno de los elementos que se ha puesto en cuestión en las movilizaciones ha sido la Condicionalidad reforzada para el cobro de las ayudas PAC. El necesario ajuste para corregir puntualmente errores en las normas no debería cuestionar la importancia de la introducción de las rotaciones de cultivos, de la mejora de la agrobiodiversidad, de la necesidad de mantener espacios no productivos que sirvan de reservorio y regulación de los agrosistemas, de la necesidad de proteger los suelos de la erosión y de la desestructuración y de la pérdida de materia orgánica. No son ocurrencias medioambientales, son normas básicas del conocimiento agronómico que hay que adaptar a las circunstancias locales, siempre que no sea imposible. También son paradigmas de los programas regenerativos de los clientes de nuestros productos, razón de más para buscar estrategias convergentes.
¿Puede la agricultura europea desacoplarse de esta corriente por la agricultura regenerativa que impulsan los principales actores agroalimentarios mundiales? Después de años en que, merecidamente, la agricultura europea ha sido considerada como la más sostenible y segura del planeta, ¿va a desprenderse de estos prestigiosos marchamos? ¿Es un buen momento hacerlo cuando se aproxima la negociación de una nueva PAC post 2027 en la que una poderosa parte de los negociadores exigirán que una porción relevante de los fondos (en la actual ya son el 40%) sean vinculados a la emergencia climática?
Mas allá de las posibles respuestas a estas preguntas estratégicas, desde el punto de vista más práctico podríamos concluir afirmando que cualquier empresa agroalimentaria que quiera tener un papel en el mercado debe seguir teniendo una estrategia proactiva respecto a la sostenibilidad.
Las cooperativas deben buscar la excelencia en sus procesos de transformación y comercialización, reduciendo sus efluentes, residuos y emisiones e incorporando energías renovables, sin discusión. Han de dominar las novedades en envasado ecodiseñado y poner las medidas que les correspondan ante el desperdicio alimentario. Sus métricas deben incorporar indicadores de seguimiento y conocer los estándares reconocidos. Sus profesionales deben conocer la metodología ESG, los análisis de ciclo de vida y el alcance 3 del mismo, que genera una cascada de efectos entre los agentes de la cadena, que les afecta de forma directa.
Pero tienen una responsabilidad aún mayor, ayudar a sus socios y socias en las transiciones productivas, lentas pero seguras, que necesariamente pasan por algunos o varios de los siguientes conceptos; digitalización, agricultura regenerativa y cuidado del suelo, agricultura de carbono, producción integrada o ecológica, gestión de los residuos ganaderos y circularidad y bioeconomía.
En Cooperativas Agro-alimentarias de España, junto con nuestras federaciones y cooperativas venimos trabajando en estas cuestiones que van a marcar el futuro de nuestra agricultura y ganadería. Nuestra responsabilidad y compromiso es adelantarnos y preparar mediante el asesoramiento técnico especializado a nuestros socios y socias para que esa transición sea progresiva y adaptada en el tiempo. Proyectos como Soilguard, Credible, Visionary, Repair, Support, Carina, FIELDS, i-RESTART y otros nos permiten mostrar nuestras experiencias y conectar también con las expectativas y soluciones de otros países europeos y especialmente con la opinión de la comunidad científica.
Juan Sagarna es Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid.
