- Por: Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agro alimentarias de España.
Alguien dijo una vez que lo peor de la guerra es acostumbrase a ella, lo que implica un grado de deshumanización y de banalización de sus consecuencias. Tras varios años de conflicto en Ucrania y el inicio de la guerra de Irán, de impredecibles consecuencias económicas globales, el sector agroalimentario está sometido a presiones cruzadas de mercado, regulación y de efectos inesperados que nos sitúan en un escenario de incertidumbre total. Ignorar esta realidad y seguir como si no pasara nada es un ejercicio de temeridad.
Hace unos días, cuando me preguntaban los medios de comunicación sobre la valoración de las medidas urgentes propuestas por el Gobierno para paliar parcialmente la situación, indiqué que eran necesarias, pero que, si la guerra continuaba, estaríamos en otro escenario absolutamente diferente. La guerra de Irán tiene un impacto directo en el mercado energético y, por tanto, en todo lo que afecta a la producción agroalimentaria, ya sea por el uso directo de hidrocarburos en la maquinaria y la logística, pero también por la producción de fertilizantes - altamente dependientes del gas para su fabricación-, con efectos claros en la productividad de nuestras explotaciones, la futura disponibilidad de alimentos en cantidad para la sociedad y, por su puesto, en los precios.
A ello se suma el papel clave de la energía en nuestras industrias cooperativas, donde la electricidad y el gas son esenciales para procesos como la refrigeración o el tratamiento térmico. Son costes que a veces se olvidan, pero que también tienen un impacto directo en la producción. No hay que perder la visión de conjunto de la cadena agroalimentaria que funciona hacia arriba y hacia abajo.
Pero al margen del impacto a corto plazo, debemos prestar mucha atención a los efectos sobre las estructuras cooperativas. Son la principal herramienta para capear el presente y construir el futuro de las producciones y, sin ellas, cientos de miles de explotaciones estarán pronto a la intemperie, especialmente si estos apoyos extraordinarios solamente tienen una visión parcial de la situación. Las deudas de las cooperativas serán, mañana, la de los propios productores.
Por ello, insistimos en que las medidas extraordinarias deben tener un componente de cadena, al igual que pedimos en los trabajos de la reforma de la PAC para el próximo período, que las inversiones y las intervenciones sectoriales son clave para adaptarnos al presente, pero sobre todo para preparar el futuro. Para ello, necesitan contar con un presupuesto sólido y predeterminado, cosa que hasta la fecha no es seguro. Si todo esto no se tiene en cuenta, el sector será más débil en el mercado y más dependiente de acontecimientos extraordinarios que, en los últimos años, parecen haberse convertido en la nueva realidad.
El sector está en una fase de cambio estructural bastante descontrolada, y no parece que se diseñen políticas coherentes ni en la UE ni en los Estados miembros (incluyo a los diferentes niveles competenciales) para abordar esta situación. Desde las cooperativas llevamos años observando los movimientos que se están produciendo en nuestros socios, los cambios que afectan a la reconfiguración en la cadena de valor, la creciente prioridad por la seguridad de abastecimiento, y la metamorfosis productiva impulsada por el cambio climático y otros factores. Los conflictos y las guerras nos empujan a las urgencias, pero no deben llevarnos al pertinaz error de no cuidar aquello que nos servirá para el futuro. Dentro de nuestras estructuras hay experiencias que intentan abordar desde su capacidad de acción las cuestiones de productividad, cambio climático, relevo, falta de mano de obra, transferencia de conocimiento, digitalización, pero necesitamos apoyos más decididos en estas cuestiones, no tanto en cantidad, como en calidad, determinación y compromiso.
Debemos hacer que las cosas pasen, y no tanto estar pendientes de lo que nos pase.
