Desde hace diez años, en el seno del Copa y la Cogeca, venimos escuchando el testimonio de colegas europeos que indican que, cada vez con más frecuencia y en determinados sectores, ya sea la horticultura, la fruticultura o la producción de cultivos, la falta de soluciones para hacer frente a las plagas o enfermedades ha obligado a poner fin a la producción. Este problema, que rara vez protagoniza los titulares y que a menudo es objeto de malentendidos por parte del público general, es una importante fuente de frustración y desánimo para la gran mayoría de los agricultores.
Para ilustrar de formar rápida esta problemática podemos servirnos de los ejemplos de la remolacha azucarera y la colza que, de no encontrar una alternativa fitosanitaria de forma inmediata, podrían sufrir una pérdida de la cosecha del 50 %. En sectores especializados, como los viveros, se avecinan pérdidas de hasta el 80 %. Y esto es sólo la punta del iceberg.
A escala europea, lo que antes era la excepción se está convirtiendo rápidamente en la norma y, en unos años, todas las grandes producciones agrícolas de nuestro continente podrían encontrarse en un callejón sin salida.
Desde 2001, el número de ingredientes fitosanitarios activos disponibles se ha desplomado de 900 a menos de 470. Así, desde junio de 2019 hemos sufrido la pérdida de 85 substancias y en ningún caso se han ofrecido alternativas convencionales que las sustituyan. Además, el ritmo de estas retiradas se acelera de forma galopante. Esta escasez inminente es una consecuencia directa del sistema de autorización de productos fitosanitarios, que data de 2009 y cuyo marco se ha vuelto cada vez más rígido.
En 2022, el intento de convertir la 'Directiva relativa al uso sostenible de plaguicidas' en un Reglamento (la famosa propuesta 'SUR') condujo a uno de los fracasos más estrepitosos de la Comisión en materia de agricultura. Mientras unos lo celebraron con satisfacción, otros lo lamentaron.
Sin embargo, en medio de aquel revuelo, los más afectados, es decir, los agricultores, se vieron desprovistos de soluciones y en una situación igualmente precaria.
Si tuviésemos que ilustrar los riesgos que entraña esta falta de respuesta política concreta con un único y contundente ejemplo, tendríamos que optar por la llamativa situación de la patata: el tizón tardío, la misma enfermedad que provocó la hambruna de las patatas en Irlanda, sigue amenazando los cultivos en la actualidad. Si bien en el pasado los agricultores disponían de múltiples herramientas para combatir esta persistente amenaza, sus opciones disminuyen a pasos agigantados. Por eso, si no se actúa de forma inmediata, el rendimiento de la patata podría disminuir hasta un 50 %, lo que pondría en jaque el modo de vida de los agricultores, la seguridad alimentaria y la soberanía europea.
El paso de los años se ha convertido en una carrera contrarreloj y pronto Europa ya no podrá permitirse el lujo de grandes debates teóricos, pues tendrá que hacer frente a un duro baño de realidad, ya sea debido a las crisis cada vez más frecuentes que afectan a nuestra producción o a la creciente incoherencia y flagrante injusticia en torno a las importaciones agroalimentarias que no se adhieren a ninguna de nuestras normas ni respetan ninguna de nuestras prohibiciones.
Sin embargo, la Comisión parece arrojar ahora un rayo de esperanza sobre el sector. La principal institución de la UE es plenamente consciente del problema y de los retos que plantea tanto para el mercado interior como para nuestras importaciones. La 'Visión para el futuro de la agricultura' ha establecido principios firmes y claros al respecto, como la directriz de 'no a la prohibición sin alternativas'. Sin embargo, esto debe plasmarse ahora en la práctica a través de medidas concretas, algo que esperamos ver reflejado especialmente en el paquete de simplificación anunciado para otoño de 2025.
Desde el Copa-Cogeca, junto con el Grupo de Trabajo 'Sanidad vegetal', presentamos cuatro sencillos principios que podrían ayudar a evitar las situaciones más nefastas y que ofrecen ciertas perspectivas para los agricultores y las partes interesadas de la industria.
En primer lugar, es necesario revisar el actual método de reautorización y recuperar un enfoque que considere de forma más justa el equilibrio entre el coeficiente coste-beneficio y el riesgo. Demasiadas sustancias activas están siendo retiradas de la lista por razones que, a nuestro parecer, no se fundamentan satisfactoriamente en conocimientos científicos o en el riesgo.
En segundo lugar, está claro que debemos apoyar, promover y acelerar la autorización de soluciones alternativas como los productos fitosanitarios de biocontrol y las nuevas técnicas genómicas.
Sin embargo, entendemos que los agricultores no pueden pedir que se encuentren alternativas de la noche a la mañana. La investigación y la comercialización llevan tiempo, por lo que debemos plantear acuerdos prácticos de transición de manera que se eviten los estancamientos.
En tercer lugar, deben apoyarse las iniciativas para proporcionar asistencia agronómica y técnica a los agricultores durante la transición a los nuevos métodos de protección de cultivos.
Por último, es indispensable que, como se recoge en la Visión de la Comisión, se refuerce, siempre que sea posible, el cumplimiento de las normas europeas en nuestra política comercial. De lo contrario, al igual que experimentamos fugas de carbono, sufriremos de forma cada vez más frecuente 'fugas fitosanitarias'.
En esta cuestión, como en muchas otras del ámbito agrícola, Europa se juega en los próximos meses su futuro y el de su seguridad alimentaria. Entre el dogmatismo político y un statu quo insostenible existe un camino razonable que se puede emprender tomando decisiones pragmáticas y dialogando con los representantes de la agricultura.
Fuente: Copa-Cogeca
